El pasado 25/03/21 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moratoria en la concesión de licencias de obras durante un período de un año, para las cada vez más populares, Dark Kitchens o macro-cocinas.

Esta ha sido una medida drástica del pleno del Ayuntamiento para frenar el gran aumento que este tipo de establecimientos ha experimentado durante los últimos años, la presión del Gremio de Restauración, y las protestas de algunos sectores vecinales. Con la pandemia, además, su auge ha sido aun mayor, promovido por las grandes demandas que han tenido las plataformas y negocios con servicios de Delivery y Take-away.

¿A qué tipo de establecimientos afecta esta moratoria?

A todos aquellos negocios que quisieran ampliar o establecerse en la ciudad y que su actividad principal fuese la de obrador y/o cocina industrial para la elaboración de platos sin venta al público ni degustación. Esta norma también afecta a los negocios de platos preparados cuando estos dispongan de obrador.

Por tanto, quedan excluidos de la moratoria aquellos Caterings que tengan como actividad principal el servicio a entidades esenciales como escuelas, hospitales o clínicas y que tengan un servicio de Dark Kitchen como actividad complementaria.

¿Qué pasará con las Dark Kitchens ya operativas?

Estas podrán seguir operando con normalidad siguiendo las normativas de actividad (pese a no ser muy específicas) y de APPCC actuales.

No obstante, éstas tendrán que realizar mayores esfuerzos para la reducción del impacto que tiene su actividad en el entorno, ya que la administración competente realizará con mayor asiduidad inspecciones a sus instalaciones, promovidas en parte por las presiones sociales de las AAVV.

¿Esta nueva normativa afectará a toda la ciudad?

Prácticamente sí, se aplicará en toda la superficie de la ciudad a excepción del Parque de Collserola y Montjuïc y las dos principales zonas industriales de la ciudad: la Verneda y Zona Franca.

¿De dónde ha surgido este rechazo social en la ciudad hacia las Dark Kitchens?

El foco de este rechazo lo podemos situar en dos puntos de la ciudad: el barrio de les Corts y el de Sant Martí. En ambas ubicaciones, las Asociaciones Vecinales han presentado numerosas quejas formales ante las autoridades y han organizado acciones de protesta contra las Dark Kitchens, con notable visibilidad en los medios convencionales y digitales.

De este modo mostraron su rechazo ante la ubicación de dos futuras macro-cocinas de Cooklane (plataforma de los fundadores de Uber) en sus respectivos barrios.

Los principales motivos de sus reivindicaciones para la No-implantación de estas macro-cocinas en sus barrios son: las afectaciones en el bienestar de los vecinos (ruidos, olores, afectaciones en la movilidad…) y el perjuicio económico sobre los negocios de alimentación y restauración de la zona.

No obstante, cabe decir que las obras de la Dark Kicthen de les Corts ya han sido paradas por la Administración Local y la de Sant Martí, lleva unas semanas en stand-by según los testimonios de los vecinos.

¿Qué solución proponen las Asociaciones Vecinales?

La reubicación de estas macro-cocinas a zonas industriales donde su actividad no tenga un perjuicio en la calidad de vida del entorno.

Argumentan que el elevado volumen de afluencia de ryders, la carga y descarga constante de mercancías y los humos/olores que genera dicha actividad hace inviable la ubicación de estas en núcleos urbanos/residenciales.

¿Cuál es el objetivo de la administración con esta moratoria?

El objetivo principal es el análisis de si la actividad de estos negocios es de tipo comercial de servicio directo (como aseguran los empresarios) o bien de tipo industrial (como afirman las AAVV).

También argumentan que es necesario reflexionar sobre las condiciones y requisitos de implantación a través de un plan de usos que deberán seguir las Dark Kitchens.

Por último, se valorará por parte de la administración competente la creación de una nueva ordenanza ambiental o la modificación de la actual.

La suspensión se acuerda por el plazo máximo posible que permite la Ley de Urbanismo de Cataluña, como viene siendo la tónica habitual de esta administración.